Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026
Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026
El Plan de Control Tributario 2026 refuerza el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para detectar fraude, pone el foco en la economía digital y nuevos medios de pago, e intensifica el control patrimonial, los incentivos fiscales y la recaudación.
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El día 12 de marzo de 2026 se ha publicado en el BOE la Resolución de 11 de marzo de 2026 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026.
El Plan mantiene la estructura habitual de años anteriores, articulada en torno a cinco grandes áreas de actuación:
– información y asistencia al contribuyente,
– prevención de incumplimientos,
– investigación y comprobación del fraude tributario,
– control en fase recaudatoria, y
– control aduanero.
No obstante, más allá de esta continuidad formal, el documento refuerza determinadas líneas de actuación que reflejan la evolución del modelo de control de la Agencia Tributaria. Entre ellas destacan el mayor uso de la información disponible, el impulso del control sobre la economía digital y el seguimiento de nuevas formas de intermediación financiera.
A continuación se resumen las principales novedades del plan para 2026.
1. Mayor utilización del análisis masivo de datos y de la IA
Una de las prioridades del plan es el refuerzo del uso de herramientas avanzadas de análisis de datos para la detección temprana de riesgos fiscales.
La Agencia Tributaria continuará desarrollando sistemas de tratamiento masivo de información, incorporando cada vez más modelos predictivos y algoritmos de selección automatizada de contribuyentes que permitan orientar las actuaciones de control hacia los perfiles con mayor probabilidad de incumplimiento.
Este modelo de control se basa principalmente en:
– el cruce sistemático de información procedente de múltiples fuentes,
– el análisis conjunto de datos fiscales, financieros y patrimoniales, y
– la detección automatizada de patrones de riesgo.
El objetivo es anticipar posibles irregularidades y optimizar los recursos de control, concentrando las actuaciones inspectoras en los casos con mayores indicios de fraude.
2. Explotación de la información procedente de plataformas digitales (DAC7)
El plan de 2026 otorga especial relevancia a la información suministrada por plataformas digitales en aplicación de la Directiva DAC7.
Tras el desarrollo del marco normativo que obliga a determinadas plataformas a comunicar información sobre los vendedores y prestadores de servicios que operan a través de ellas, la Agencia Tributaria prevé intensificar el análisis sistemático de estos datos para detectar rentas no declaradas.
Las actuaciones se centrarán principalmente en:
– ventas realizadas a través de marketplaces y plataformas de comercio electrónico,
– arrendamientos de inmuebles gestionados mediante plataformas digitales, y
– prestación de servicios personales intermediados por plataformas.
La novedad respecto a ejercicios anteriores radica en que la Administración dispone ahora de un volumen mucho mayor de información estructurada, lo que permitirá reforzar las actuaciones de control en el ámbito de la economía digital.
3. Mayor control sobre nuevos medios de pago y operadores financieros
El plan también refuerza el seguimiento de nuevos sistemas de pago y operadores financieros emergentes.
La evolución tecnológica ha multiplicado las formas de realizar pagos y transferencias de fondos, por lo que la Agencia Tributaria prevé ampliar el control sobre:
– proveedores de servicios de pago,
– entidades financieras no tradicionales, y
– intermediarios que canalizan operaciones económicas a través de medios digitales.
El objetivo es mejorar la trazabilidad de las operaciones económicas y evitar que determinados flujos financieros queden fuera del sistema de información tributaria.
4. Refuerzo del control patrimonial de personas físicas
Otra de las áreas en las que se observa un mayor énfasis es el control patrimonial de personas físicas, especialmente cuando existan indicios de discrepancia entre el nivel de riqueza y las rentas declaradas.
La Agencia Tributaria continuará utilizando el análisis conjunto de diversas fuentes de información para detectar situaciones en las que el patrimonio o el nivel de gasto de un contribuyente no resulta coherente con los ingresos declarados en el IRPF.
Entre las actuaciones previstas destacan:
– la detección de rentas no declaradas vinculadas al arrendamiento de inmuebles,
– el análisis de la titularidad y transmisión de bienes inmuebles, y
– el examen de estructuras societarias instrumentales utilizadas por personas físicas para eludir la tributación en el IRPF o en el Impuesto sobre el Patrimonio.
5. Vigilancia sobre determinados incentivos fiscales en el IS
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, el plan prevé reforzar el control sobre determinados incentivos fiscales que pueden tener un impacto significativo en la cuota del impuesto.
Entre ellos destacan especialmente:
– las deducciones por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i),
– los incentivos vinculados a producciones cinematográficas y espectáculos en vivo, y
– determinadas estructuras que utilizan agrupaciones de interés económico (AIE).
La Administración pretende verificar que estos beneficios fiscales se aplican correctamente y no se utilizan estructuras artificiales o esquemas de planificación fiscal agresiva.
6. Intensificación de las actuaciones en fase recaudatoria
El plan también refuerza las actuaciones destinadas a garantizar el cobro efectivo de las deudas tributarias.
Para ello, la Agencia Tributaria prevé desarrollar nuevas herramientas de análisis que permitan clasificar a los deudores según su comportamiento y el riesgo de incobrabilidad, facilitando la adopción de medidas de forma más temprana.
Entre las actuaciones previstas destacan:
– el uso más frecuente de derivaciones de responsabilidad,
– la adopción de medidas cautelares ante riesgo de insolvencia,
– el seguimiento del patrimonio de los deudores, y
– el control de procedimientos concursales y situaciones preconcursales.