Adopción de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial
Autor: Richard Singleton (Finance & Sustainability Director, HLB UK)
La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) se convertirá en ley de la UE tras la votación del Parlamento Europeo sobre el texto final a principios de este año y la aprobación posterior por los gobiernos de la UE en el Consejo el 24 de mayo.
Aunque algunos consideran que esta nueva ley es una versión suavizada del proyecto original, sigue representando un avance significativo en materia de gobierno corporativo y responsabilidad dentro de la Unión Europea. Responsabiliza a las empresas de su impacto social y medioambiental y les exige que integren plenamente una rigurosa diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos en todas sus operaciones comerciales.
¿Qué es la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial?
Junto con la Directiva de Informes de Sostenibilidad Empresarial (CSRD), la CSDDD tiene por objeto aplicar las normas rigurosas de sostenibilidad medioambiental y derechos humanos para las empresas de la UE. Esto incluye identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos adversos sobre el medio ambiente y los derechos humanos en las cadenas de actividades de las empresas.
La CSDDD es una de las normativas de sostenibilidad más rigurosas hasta la fecha, ya que responsabiliza a las empresas no solo de sus propias actividades, sino también de las de sus proveedores y socios comerciales.
La nueva Directiva se aplicará a las empresas de la UE con más de 1.000 empleados y un volumen neto de negocios anual mundial superior a los 450 millones de euros, así como a las empresas no pertenecientes a la UE con más de 450 millones de euros de volumen neto de negocios generado en la UE durante el año anterior al último ejercicio. Se implementará en fases de 2027 a 2029, empezando por las empresas más grandes: las que cuenten con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio neto de 1.500 millones de euros estarán obligadas a cumplirlo en 2027, seguidas de las empresas con más de 3.000 empleados y un volumen de negocio de 900 millones de euros en 2028 y, por último, aquellas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio de 450 millones de euros se incluirán en 2029.
Aunque esta normativa se dirige principalmente a las empresas más grandes, se espera que la CSDDD cree un efecto dominó en toda la economía, obligando a las organizaciones no sólo a examinar y mejorar sus propias prácticas de sostenibilidad y derechos humanos, sino también a aplicar estas normas a lo largo de sus cadenas de actividad.
Contexto de este Reglamento
Con el cambio climático y las violaciones de los derechos humanos cada vez más en el punto de mira, los gobiernos se enfrentan a una presión cada vez mayor para aplicar normativas más estrictas. Esta urgencia ha llevado a la UE a adoptar una legislación como la CSDDD, que responde de manera decisiva a las preocupaciones globales. Refleja un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de algo más que medidas voluntarias para afrontar eficazmente estos retos.
Diferencias entre el primer borrador y el modelo actual
El texto final de la CSDDD incorpora cambios significativos respecto de los borradores anteriores.
Aunque en un principio se proponía una aplicación más amplia, las negociaciones definieron su ámbito de aplicación para centrarse en las mayores empresas con sede en la UE. Estas entidades están ahora obligadas a llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva e informar sobre la sostenibilidad y la información relacionada con los derechos humanos, incluidos los riesgos y el rendimiento, no solo dentro de sus propias operaciones sino también en todas sus cadenas de suministro.
Este ajuste responde a los comentarios de las partes interesadas durante las negociaciones, esforzándose por lograr un enfoque matizado y equilibrar los estrictos requisitos de diligencia debida con las preocupaciones prácticas de aplicación. Al dirigirse a las grandes empresas, la directiva pretende minimizar las cargas sobre las entidades más pequeñas, al tiempo que ejerce una influencia sustancial en toda la cadena de suministro.
Lo que esto significará para las empresas
El cumplimiento de la CSDDD requerirá ajustes significativos para las grandes empresas, que ahora deben implementar mecanismos integrales de diligencia debida, realizar evaluaciones periódicas para identificar posibles riesgos medioambientales y de derechos humanos, implementar medidas para mitigar estos riesgos y garantizar la transparencia de la presentación de informes sobre sus actividades.
También tendrán que desarrollar e implementar un plan de transición para la mitigación del cambio climático que se ajuste al objetivo de neutralidad climática del Acuerdo de París para 2050, junto con los objetivos provisionales especificados en la Ley Europea del Clima.
El incumplimiento puede dar lugar a sanciones sustanciales, ya que la aplicación de las nuevas normas implicará la supervisión administrativa y medidas de responsabilidad civil. Los Estados miembros deberán designar una autoridad encargada de supervisar y aplicar la normativa mediante la emisión de requerimientos y la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, como multas. También tendrán que garantizar que las personas afectadas sean indemnizadas por los daños y perjuicios derivados de la omisión deliberada o negligente de la diligencia debida.
Las PYME no son inmunes al impacto
Aunque la Directiva se dirige principalmente a las grandes empresas, las PYME también notarán sus efectos. Las grandes empresas exigirán a sus proveedores información detallada sobre sostenibilidad y derechos humanos. Como proveedoras de estas grandes empresas, las PYME se verán sometidas a un riguroso escrutinio que les exigirá mejorar sus propios procesos de diligencia debida y transparencia para satisfacer las expectativas de sus clientes.
Como resultado, incluso las PYME tendrán que invertir en el desarrollo de sistemas y prácticas que cumplan con la CSDDD. Esta transición podría plantear tanto retos como oportunidades de crecimiento y diferenciación, lo que impulsaría a las PYME a integrar más profundamente la sostenibilidad en su marco operativo.
En España, tras su adopción por el Pleno del Parlamento, la Directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tal y como se ha indicado en el apartado 2, la CS3D se aplicará de forma escalonada en periodos de entre 3 y 5 años en función del tamaño de la empresa.
Las normas de transposición podrán introducir disposiciones más exigentes a las contenidas en la CS3D, por ejemplo, sobre el ámbito de aplicación, las medidas de diligencia debida y la responsabilidad civil. Asimismo, podrán introducir especificidades según los sectores de actividad y los efectos adversos.
Conociendo la CSDDD con la ayuda de HLB
La CSDDD representa un importante paso adelante en el gobierno empresarial de la UE, estableciendo normas estrictas de diligencia debida en materia de medio ambiente y derechos humanos.
La Directiva pretende fomentar un entorno empresarial más sostenible y ético imponiendo requisitos rigurosos a las grandes empresas e influyendo indirectamente en las PYME. A medida que las empresas se adaptan a estas nuevas exigencias normativas, están preparadas para impulsar cambios significativos en las prácticas corporativas, en beneficio tanto de la sociedad como del medio ambiente.
Fuente: Corporate Sustainability Due Diligence Directive formally adopted | HLB