Consejo de administración: exención en IRPF por trabajo en el extranjero

AUTOR: Francisco Javier Rodríguez
Gerente Fiscal en Bové Montero y Asociados

 

Ante la sentencia de la Audiencia Nacional que se pronuncia a favor del contribuyente y a la espera de lo que diga el Supremo, resulta recomendable no descartar en adelante la posibilidad de que administradores o consejeros puedan beneficiarse de la exención por trabajos realizados en el extranjero.

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece una exención de hasta 60.100 euros para aquellos rendimientos percibidos por la realización de trabajos en el extranjero cuyo beneficiario sea una entidad no residente o un establecimiento permanente radicado en el extranjero, siempre que, además, en el territorio en que se realicen los citados trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF.

La aplicación de la citada exención, a la que, de acuerdo con el literal de la norma, puede, en principio, tener acceso todo contribuyente que obtenga rendimientos del trabajo, ha venido siendo tradicionalmente denegada por la Administración Tributaria a aquellos contribuyentes que, habiendo percibido rendimientos por la realización de trabajos en el extranjero, ostenten la condición de administradores o miembros del consejo de administración en entidades.

En concreto, el criterio esgrimido, tanto por la Agencia Tributaria como por la Dirección General de Tributos, para negar a los miembros de los órganos de administración la posibilidad de aplicar la exención por trabajos realizados en el extranjero es el hecho de que, al no ser la que les une a la sociedad una relación laboral, no concurren en la misma los requisitos de ajenidad y dependencia, lo cual imposibilita la aplicación de dicho beneficio fiscal.

Debemos señalar en este punto que, si bien es cierto que la relación que une a los miembros del órgano de administración con una entidad no cuenta con carácter laboral, sino, generalmente, mercantil, a efectos del IRPF, los rendimientos tanto en uno como en otro caso cuentan con la consideración de rendimientos del trabajo, existiendo, a priori, conforme al literal de la norma, derecho a poderse beneficiar de la exención por trabajos realizados en el extranjero en ambos casos.

Pues bien, en su reciente sentencia de 19 de febrero de 2020 (recurso 485/2017), sobre la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, la Audiencia Nacional se pronuncia a favor del contribuyente, manifestando que, aunque, con carácter general, debe efectuarse una interpretación restrictiva de exenciones y beneficios fiscales, en ningún caso ello pueda traducirse en la exigencia de requisitos no expresamente previstos en la norma.

Partiendo de dicho argumento, la sentencia de la Audiencia Nacional concluye que por el solo hecho de ser los perceptores de rendimientos en el extranjero miembros del órgano de administración de la sociedad, no puede negárseles el derecho a aplicar la exención, apuntando, eso sí, que, a tal fin, deberán, evidentemente, concurrir los restantes requisitos exigidos por la norma, entre ellos, que el beneficiario efectivo de los trabajos sea una entidad no residente.

Respecto al efecto que este pronunciamiento de la Audiencia Nacional pueda tener, hay que destacar que, sobre esta misma cuestión, el Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado 21 de febrero de 2020 un recurso de casación, por lo que habrá que aguardar al criterio que sobre la misma establezca el Alto Tribunal.

Ya por concluir, indicar que ante la aparición de la referida sentencia de la Audiencia Nacional, resulta recomendable no descartar en adelante la posibilidad de que contribuyentes que cuentan con la condición de administradores o consejeros puedan beneficiarse de la exención por trabajos realizados en el extranjero.

En especial, habrá que estar atento al posicionamiento que sobre la cuestión adopte el Tribunal Supremo, el cual, como hemos comentado, tiene pendiente de resolución un recurso de casación sobre la misma (auto de 21 de febrero de 2020, recurso 5596/2019).

En función de cuál sea el criterio que fije el Tribunal Supremo, podría abrirse la posibilidad, respecto a aquellos periodos impositivos que no se hallen prescritos, de instar la rectificación de las declaraciones del IRPF presentadas por administradores y consejeros, solicitando devolución de los ingresos que, como resultado de la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, pasen a entenderse indebidamente efectuados.

En este sentido, conviene destacar que el IRPF de 2015 prescribe el próximo 30 de junio de 2020, lo que hace necesario, al menos respecto a dicho ejercicio, que cualquier instancia de rectificación sea presentada antes de dicha fecha, incluso aunque en el momento no se disponga del fallo del Tribunal Supremo.

 

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