Andreu Bové
Socio de fiscal de Bové Montero y Asociados

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia («TSJ») de les Illes Balears establece que los contribuyentes no residentes del Impuesto sobre el Patrimonio («IP») pueden beneficiarse de la aplicación del límite conjunto, lo que podría traducirse en una rebaja de su factura fiscal.

Como regla general, las personas físicas residentes en España tributan en el IP por su patrimonio neto mundial, mientras que los no residentes tributan únicamente por aquellos bienes o derechos situados o ejercitables en territorio español.

Por otro lado, los contribuyentes residentes en España pueden reducir su cuota del IP por aplicación del «límite conjunto» con el IRPF. Esta limitación establece que la suma de las cuotas del IRPF e IP no debería exceder el 60% del total de rentas del contribuyente. En caso de exceder este límite, la cuota del IP se puede llegar a reducir hasta en un 80%. La idea que subyace detrás de este límite conjunto es que cuanto menor sean las rentas percibidas por un contribuyente, menor será su cuota del IP a ingresar.

Los ahorros fiscales que se pueden obtener con motivo de este límite conjunto son tales que, junto con la exención de la empresa familiar, resulta fundamental en la planificación fiscal española de grandes patrimonios. Y, puesto que el volumen y la tipología de rentas generadas por un contribuyente en España puede generar un ahorro directo en su IP, resulta esencial conocer bien las consecuencias fiscales asociadas a determinadas inversiones y así lograr una estructura patrimonial fiscalmente eficiente.

Ahora bien, como decíamos, no todos los contribuyentes pueden aplicar el límite conjunto y así ver reducida su cuota del IP. Efectivamente, con el literal actual de la norma, los contribuyentes no residentes en España no pueden beneficiarse del límite conjunto y, por tanto, sus cuotas del IP no pueden reducirse en función de las rentas del contribuyente.

Pues bien, el TSJ de les Illes Balears ha confirmado en su sentencia del 1 de febrero de 2023 que esta situación es arbitraria, discriminatoria y contraria a los principios fundamentales de la Unión Europea y, en consecuencia, ha manifestado que los no residentes también pueden utilizar este límite.

Si bien debemos ser cautos y esperar a que se pronuncia el Tribunal Supremo sobre este asunto, el pronunciamiento del TSJ de les Illes Balears abre la vía a que los contribuyentes no residentes se planteen impugnar sus autoliquidaciones del IP de los ejercicios no prescritos y soliciten la devolución de los ingresos indebidos junto con los correspondientes intereses de demora.

Este es otro espaldarazo del TSJ de Balears en favor de los contribuyentes no residentes, pues en 2019 se pronunció a su favor en relación con la tenencia indirecta de inmuebles y su tributación en el IP.

Esta sentencia vuelve a poner de manifiesto que todavía existen muchas normas en el sistema tributario español que son discriminatorias y contrarias a nuestro derecho comunitario. Es una buena noticia que nuestro poder judicial esté corrigiendo este tipo de situaciones y esperamos que siga en esta senda de depurar las disfuncionalidades de nuestro sistema.