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La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria considera señales de riesgo en la fijación de precios de transferencia intragrupo la ausencia recurrente de beneficios o la aplicación de cánones por servicio.

La fijación de los precios de transferencia entre empresas de un mismo grupo se ha convertido en los últimos años en un área prioritaria dentro de la vigilancia societaria que ejercen las autoridades tributarias, quienes velan porque el intercambio de bienes y servicios intragrupo se haga respetando los precios de mercado. Este es, de hecho, uno de los principales campos de actuación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) de la Agencia Tributaria española, cuyo responsable, Luis Jones, destacó ayer que las señales de riesgo más habituales que les llevan a investigar una multinacional son la ausencia recurrente de beneficios, los procesos de reestructuración del grupo o la aplicación de altos cánones por servicios.

«Si sus empresas cumplen uno de esos criterios, lo miraremos. Son señales de riesgo», explicó ayer Jones durante la Jornada El futuro de la fiscalidad internacional para grupos multinacionales, celebrada por la Cámara de Comercio Alemana para España conjuntamente con la firma de servicios profesionales Bové Montero y Asociados. Estas claves, expuso Jones, pueden servir de aviso a navegantes para las compañías, que pueden consultarlas en detalle en el Plan Anual de Control Tributario de 2022. Este, concretamente, establece que en el ámbito de los precios de transferencia se considerarán de «riesgo fiscal» señales como: «las reestructuraciones empresariales, la valoración de transmisiones o cesiones intragrupo de distintos activos, señaladamente los intangibles, y la deducción de partidas que pueden erosionar significativamente la base imponible, como los pagos por cánones derivados de la cesión de intangibles o por servicios intragrupo o la existencia de pérdidas reiteradas».

A partir de ahí, la ONFI ha desarrollado una «estrategia 360 grados» que busca interrelacionar en un mismo procedimiento todas las operaciones vinculadas que puedan afectar a un mismo grupo para evitar las controversias que surjan en torno al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El organismo se sirve para ello de un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos, que bebe tanto del intercambio de información con terceros países como de los datos de la Inspección.

De detectarse desacuerdos de calado entre las prácticas de la empresa y los especialistas del Fisco, Jones subraya como mejor vía la apertura de un «procedimiento amistoso», que permite abrir una negociación entre las partes para tratar de ajustar su cálculo de precios de transferencia o evitar que la empresa sufra doble tributación por la misma actividad en diferentes países. El responsable de la ONFI considera que este tipo de procedimientos son un éxito, pues «evitan la doble imposición en el 99,9% de los casos» y permiten resolver la controversia fiscal en un plazo de dos o tres años, frente a los 12 que puede llegar a llevar esperar una resolución judicial firme por parte del Tribunal Supremo, pone como ejemplo.

El promedio de los últimos años, reveló Jones, arroja que la ONFI viene realizando una media de 370 procedimientos amistosos al año, de los que concluye 94, sobre bases imponibles de 662 millones de euros. A menudo, los procesos conllevan una negociación a tres bandas que incluye a las autoridades tributarias de otros países para acordar dónde y cómo debe tributar cada parte del negocio.

La otra figura clave para resolver la controversia en torno a los precios de transparencia son los Acuerdos Anticipados de Precios (APAS), que permiten pactar un modelo completo para toda la operativa de un grupo. El esquema puede ser solicitado por la empresa en cualquier momento, aunque la ONFI invita a pedirlos cuando acaba satisfecha con un acuerdo amistoso. «Es una inversión, porque requiere un esfuerzo de documentación y pueden llevar un año, dos o tres años, pero cuando concluimos uno con una gran compañía no la volvemos a ver en 15 años», ilustra

Jones, que recuerda que una vez acordados estos modelos son vinculantes e incuestionables por la Inspección, según ha reconocido recientemente el Tribunal EconómicoAdministrativo Central (TEAC). En este caso, el promedio de APAS abordadas por la ONFI en los últimos años es de 162 cada ejercicio, de los que se cierran 48 al año, con bases imponibles afectadas a cuatro años por valor de 2.618 millones. Jones, que reconoce que la mayoría de empresas no incurren en modelos fiscales agresivos, insta a resolver las diferencias con el Fisco a través de estas vías dialogadas.

VIA https://www.expansion.com/economia/2022/06/03/629911fa468aebac448b457a.html