Autor: Andreu Bové, Socio

 

El trabajo en remoto y la movilidad global generan quebraderos de cabeza en los departamentos financieros y laborales de las organizaciones. Por razones personales o profesionales, las empresas están desplazando al extranjero (léase, a España) a determinados empleados o bien contratando directamente a estos perfiles en el citado territorio. Estos pueden realizar todo tipo de tareas, desde funciones comerciales y de marketing, a desarrollo de software o a dirigir departamentos o empresa, por citar algunos ejemplos.

 

Con el propósito de ahorrar en costes estructurales o administrativos, en las situaciones descritas, las organizaciones a menudo optan por constituir una filial o una sucursal en España.

 

El trabajador o directivo que vive y trabaja en España (país diferente del de su empleador) puede generar, desde el punto de vista fiscal y laboral, una serie de obligaciones en España para el empleador, hasta el punto de verse obligado a tener que registrarse en España e ingresar los seguros sociales y retenciones del IRPF correspondientes. Y, dependiendo de las funciones de aquél, pueden darse los requisitos para que en España se localice la sede de la dirección efectiva o un establecimiento permanente (EP) de la entidad extranjera.

 

En el plano internacional, la residencia fiscal de las entidades se determina en función de dónde se encuentra su sede de dirección efectiva. Por ejemplo, si el CEO o administrador de una entidad alemana se traslada a vivir a España y asume funciones de gerencia y dirección desde el citado territorio, podría entenderse que la entidad alemana, pese a haber sido constituida en Alemania y tener su domicilio social en el país, tiene la sede de su dirección efectiva en España: de confirmarse esta circunstancia, la entidad en cuestión deberá tributar en España bajo el Impuesto
sobre Sociedades español por toda su renta mundial.

 

Pero ocurre que atraer a España la residencia fiscal de una entidad extranjera –en base al criterio de la sede de su dirección efectiva– puede resultar un ejercicio complejo para la Administración Tributaria española. Por otro lado, aunque no exista una sede de dirección efectiva en España, la presencia de forma continuada en el territorio español de determinados empleados o directivos de la entidad extranjera (por que viven y trabajan total o parcialmente desde España) podría determinar la existencia de un EP en territorio español.

 

El EP es una figura fiscal y, en términos generales, se entiende que existe un EP en España cuando la organización extranjera tiene una ‘presencia significativa’ aquí o, como técnicamente se conoce, cuando posee en España (i) un lugar fijo de negocios desde donde realiza toda o parte de su actividad o (ii) un agente dependiente. De confirmarse la existencia del EP en territorio español, parte del beneficio global de la organización deberá atribuirse al mismo y tributar en España bajo las reglas del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Pero, ¿qué parte del beneficio del grupo debe atribuirse al EP español? Habría que estudiarlo desde la óptica de los precios de transferencia, ya que resulta necesario hacer un análisis en detalle de cuánto valor aporta el EP en España al beneficio global del grupo.

 

Volviendo a los ejemplos del personal contratado por una empresa alemana que, desde España, (i) promociona ventas y realiza actividades de marketing, (ii) desarrolla software para un grupo de IT o (iii) dirige un equipo de estrategia, podríamos argumentar en cada caso que la entidad alemana tiene un establecimiento permanente en España, con independencia de que los trabajos se realicen desde la casa del empleado o una oficina en territorio español.

 

Se podría argüir que, en base a las cláusulas de escape, no existe un EP en España por entender que el lugar fijo de negocios solo realiza funciones auxiliares para el grupo o que el trabajador no tiene poderes para firmar contratos en nombre de la organización. Pues bien, el lector debe saber que la Administración Tributaria y la jurisprudencia española, a diferencia de otros países, vienen realizando una interpretación expansiva del concepto de EP.

 

VIA https://www.diariodemallorca.es/opinion/2022/06/02/trabajo-remoto-baleares-obligaciones-fiscales-66799264.html